LA “ASOCIACIÓN CRIMINAL DE GÉNERO”: INFANCIA LIBRE.-

“Infancia libre”: Los expertos que validaban la trama:

Abogados, políticos y médicos de la sanidad pública han dado cobertura a una asociación que debía proteger los derechos de los niños y que ahora está bajo la lupa policial al existir indicios de criminalidad.

  • Fuente: Antonio Escudero Nafs, Narcisa Palomino Urda y Carlos Vaquero López

Criminalidad Sucesos

Tenían montado un chiringuito criminal para uso propio y obtener un claro ánimo de lucro

Tanto María Sevilla (presidenta de la asociación y ex mujer de Rafa) y Patricia González, ex mujer de Daniel, repitieron el mismo patrón de comportamiento que fueron «validando» gracias a la colaboración de profesionales de distintos ámbitos. La primera, fundadora y presidenta del organismo, abrió camino; la segunda, siguió sus pasos. Tras un proceso de separación, ambas acabaron denunciando a sus ex parejas de cometer abusos sexuales contra sus hijos. Consideraron que la desescolarización de los menores era la mejor opción y también las dos (por separado y en distintos tiempos) huyeron con sus pequeños y los mantuvieron escondidos en municipios de poca población y en viviendas apartadas de núcleos urbanos con el apoyo y la cobertura de sus nuevas parejas sentimentales. Todos tomaban medidas de seguridad para no ser descubiertos.

Pero antes de cometer este delito de sustracción de menores (tipificado en el 225 bis del C.P. y castigado con penas de 2 a 4 años de prisión), compartieron los mismos profesionales que, de forma clínica y legal, fueron avalando sendas cruzadas contra sus presas: sus ex maridos, aunque, desgraciadamente, quienes más han sufrido son sus propios hijos.

Hay quienes creen en las casualidades pero no es el caso de la Policía. Al menos, las similitudes que han encontrado entre los dos casos de las integrantes de la asociación Infancia Libre que han cometido un delito de sustracción de menores, no van a quedar sin investigar. La Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla de la Policía Nacional podría estar estudiando ya nuevas denuncias que, cuando se resuelvan, permitirían hablar de indicios de existencia de grupo criminal, según lo establecido en el artículo 570 del Código Penal. Infancia Libre, esa organización que debería proteger los derechos de los menores aseguraba contar con «más de 150 casos (de menores víctimas de abusos) controlados» pero de las cerca de 130 denuncias presentadas, el 90% de ellas han sido archivadas. Los investigadores creen muy probable, por tanto, que haya más padres en la situación de indefensión que sufrieron Rafa y Dani, las primeras víctimas de esta trama y que ya han podido recuperar a sus hijos después de dos años sin saber siquiera si estaban vivos o muertos. El calvario vivido por ellos y hasta la cuantía económica desembolsada a lo largo del insufrible proceso judicial (han puesto cerca de 200 denuncias) es idéntico: en torno a los 30 y 40.000 euros. Todo, por haber dado con sendas parejas que ahora deberán responder ante la Justicia y cuyas medidas cautelares también son clavadas: retirada de pasaporte, orden de alejamiento de sus hijos y obligación de firmar dos veces al mes en sede judicial.

Estos asesores colaboraban con Infancia Libre y ahora podrían ser investigados por mala praxis o por su participación en una trama delictiva. No sirvió de nada que la Justicia determinara que los abusos sexuales eran falsos porque ellas siguieron batallando. «Van buscando “validadores” de su estrategia y cambian de un profesional a otro hasta que encuentran el que es de su cuerda. Entonces, todas acuden al mismo», explican fuentes del caso. La primera «ayuda» que consiguieron fue la de una pediatra que ejerce en el centro de salud Las Flores de Granada, que emitió sendos informes donde explicaba por qué los niños no podían asistir al colegio. Se llama Narcisa Palomino Urda y es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Ha realizado varias ponencias y algunos colegas consideran que está «muy politizada» y «tan implicada en la lucha feminista que pierde la perspectiva clínica». «Es alucinante cómo el feminismo radical pervierte a los profesionales de la ciencia», asegura un experto.

En una entrevista en TVE, Palomino lamentaba que los informes emitidos por los médicos de Atención Primaria no eran «muy tenidos en cuenta en el ámbito judicial» y se hacía «más caso» a los elaborados por quienes «ejercen el peritaje» o los del Instituto de Medicina Legal. En sus informes –que se utilizarían judicialmente contra Rafa y Dani– hacía referencia a la psicóloga clínica Amparo Martín Romera, de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ) de Granada. No es baladí que estas mujeres ejerzan en esta ciudad. Precisamente allí fue también donde recibieron los primeros apoyos políticos. Fue de la mano de Podemos, concretamente del secretario general de la formación en Granada, Alberto Matarán. Él firmó un convenio con Infancia Libre para la realización de un estudio en Andalucía sobre la población infantil que podría haber sufrido «abuso sexual infantil intrafamiliar», según adelantó El Mundo.

El estudio duraría tres años, por lo que la financiación del mismo (y, por tanto, el dinero que entraba a la organización) no sería escaso.

En Madrid también se reunieron con el Gobierno de Manuela Carmena. Concretamente Infancia Libre se reunió el 16 de marzo de 2016 con Rosario Sanz, directora general de Educación y Juventud; el 14 de marzo de 2017 con la responsable de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras y, en junio del mismo año, con María Naredo, directora general de Prevención y Atención a la Violencia de Género.

El Ayuntamiento de la capital no ha podido concretar en qué quedaron esos encuentros. También contaron con el apoyo de las diputadas autonómicas Beatriz Gimeno e Isabel Serra, entre otros.

«Se le va a caer el pelo»

Infancia Libre ya estaba respaldada públicamente y ellas se sintieron más fuertes.

Pero si hay un profesional que ha tenido un papel fundamental en todo este asunto es un psiquiatra infantil. Se llama Antonio Escudero Nafs y es muy conocido en el gremio. «A éste ahora se le ha caído el pelo», explica un conocido psiquiatra forense que prefiere guardar la confidencialidad. Escudero Nafs, que tiene un hermano cirujano plástico en Navarra que dice no saber nada del tema, es «famoso» por su posicionamiento sin fisuras ante lo que conocen como «perspectiva de género».

Es otro negacionista del Síndrome de Alienación parental (SAP) y considera que es un «invento» que sólo sirve para disuadir de denunciar a las mujeres. Trabajó en el Hospital Puerta de Hierro y en la actualidad pasa consulta en el centro de Salud Mental de Majadonda. Realizó informes con el membrete oficial de la Comunidad de Madrid en los que decía que los niños ahora liberados por la Policía habían sufrido abusos. Les recetó psicofármacos y Catapresan, un medicamento para la hipertensión.

Tras demostrarse que las denuncias eran falsas, uno de los padres quiso reunirse con él pero éste no aceptó al «no ser ya (el menor) paciente suyo». La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid considera que al no contar con ningún «conocimiento oficial» de lo ocurrido ni ningún «requerimiento judicial», el doctor seguirá atendiendo a menores con normalidad en el centro público. Según el Colegio de Médicos, no le consta ninguna amonestación oficial pero la reputación de Escudero Nafs, que ha dado numerosas conferencias, está en entredicho. Sus colegas aseguran que «es conocido por todos los jueces de Familia de Madrid» por sus informes, que no suelen tener mucha validez. «Ya saben de qué pie cojea y raro es un informe suyo que coincida con el del forense del juzgado». Unos informes que llevaban al juzgado de buena gana el «equipo legal» de la trama, la «tercera pata» de todo este asunto. Son los abogados que asesoraron «a lo Juana Rivas» a las madres de Infancia Libre. Se trata de dos letrados que vienen de hacer suplencias en juzgados de instrucción y que se pasaron a ejercer la abogacía: Carmen Simón Sánchez y Carlos Vaquero López. Ambos son expertos en temas de familia y sus números de colegiados son curiosamente, correlativos (el de ella termina en 26 y el de él en 27). La implicación de él con la asociación es total ya que, como domicilio fiscal de Infancia Libre, figura su vivienda particular en Majadahonda, en la urbanización Airesol II.

► Antonio Escudero Nafs

Se licenció en Medicina en 1987 y, además del Puerta de Hierro de Majadahonda, ha prestado servicio en el hospital público Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Además de sus charlas y ponencias, impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre sus colegas de profesión y los jueces de Familia de Madrid son conocidos sus informes «de 3 y 4 páginas con el membrete del Puerta de Hierro», que le daba cierto «caché». «No es lo mismo que si viene de una clínica privada, aunque luego la valoración del forense sea independiente», reconoce un magistrado. Él realizó informes sobre los abusos sexuales de los padres de Infancia Libre (que se demostraron falsos) y desaconsejaba las visitas paternas por causar «graves daños psíquicos» sobre los menores.

► Narcisa Palomino Urda

Fue de las primeras profesionales que allanó el camino a las mujeres ahora investigadas. Hasta ella, que ejerce en Granada (junto con Majadahonda los dos epicentros de Infancia Libre) fueron a parar, curiosamente, dos madres de Madrid. Palomino es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y pediatra en el centro de salud Las Flores de Granada. Elaboró los primeros informes médicos explicando a los centros escolares de Madrid donde dejaron de ir los niños por qué no podían acudir al colegio. Hacía referencia a los informes de Amparo Martín Romera, psicóloga clínica de la USMIJ de Granada.

► Carlos Vaquero López

La implicación de este letrado con Infancia Libre es total. La web de la asociación es propiedad suya, según consta en el apartado legal de la misma. Hasta dio la dirección de su vivienda particular en Majadahonda, en la carretera del Plantío, como el domicilio fiscal de Infancia Libre. Él ha sido el encargado de llevar los casos de María y Patricia en esta fase penal; es decir, ahora que han sido investigadas por un delito tipificado en el código Penal (la sustracción de menores) y entre él y su colega Carmen Simón –que tienen el número de colegiado seguido– habrían asesorado a sus clientas para permanecer huidas de la Justicia (o las consecuencias de esta acción) y con sus hijos sin escolarizar. Una asesoría legal a todas luces deficiente dado las consecuencias que tendrán que afrontar ahora estas dos mujeres. El letrado, al igual que su compañera, tampoco ha querido responder a este diario.

► Carmen Simón Sánchez

Es la abogada de cabecera de María Sevilla y Patricia González en los asuntos civiles; es decir, en el proceso de separación y de denuncias por abusos. Simón era de los llamados jueces del cuarto turno y, aunque nunca llegó a aprobar la oposición, ejerció de sustituta, entre otros, en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Plaza Castilla y se hizo cargo del final de la instrucción de la huelga de controladores aéreos de 2010.

A pesar de que los jueces sentenciaron que los abusos sexuales de los padres hacia sus hijos eran falsos, Simón seguía presentando informes del doctor Escudero Nafs. Es más, aunque un juez ordenó en uno de los casos que atendiera al menor a un psiquiatra del Hospital Niño Jesús, siguieron llevándole al especialista de Majadahonda. En la oficina que comparte con otras cuatro compañeras en la calle Platerías hace tiempo que no saben nada de ella. Ahora está «desaparecida».

El feminismo es otra cosa que nada tiene que ver con la ilegalidad, con la falta de respeto, con la desconsideración general del hombre como un ogro del ‘heteropatriarcado’

Foto: Patricia gonzalez, la mujer detenida por tener presuntamente secuestrada su hija. (EFE)
Patricia gonzalez, la mujer detenida por tener presuntamente secuestrada su hija. (EFE)

Dos mujeres han sido detenidas en España, en el último mes y medio, por secuestrar a sus propios hijos. Se llamaban feministas, hablaban como feministas, actuaban como feministas, pero no era verdad: hablaban y se comportaban como delincuentes. La policía las ha detenido a las dos y, a la espera de juicio, siguen creyendo, ellas y sus entornos, que las han encarcelado por feministas, por que la justicia española es machista, pero tampoco es verdad: están procesadas por sus actos delictivos y cuanto más tarden en reconocerlo más complicada será la reparación de sus vidas, de la relación de ambas con sus hijos.

No son feministas, son presuntas delincuentes. Y esto conviene decirlo alto para que se enteren quienes utilizan lo sucedido con intereses dispares y opuestos, algunas feministas radicales y quienes consideran todo feminismo como un abuso. Dirán que ese es el auténtico feminismo, su verdadera cara, pero ni unos ni otros tienen razón: el feminismo es otra cosa, por fortuna, que nada tiene que ver con la ilegalidad, con la falta de respeto, con la desconsideración general del hombre como un ogro representante del ‘heteropatriarcado’.Bebe: “Las mujeres pierden mucho tiempo yendo de víctimas y con el feminismo”EPOtras participantes en el debate han recriminado a Bebe que, con sus declaraciones, esté “culpabilizando” a la mujer de la situación actual

La primera detención se produjo el pasado dos de abril, una señora llamada María Sevilla llevaba dos años desaparecida; se fugó con su hijo después de perder la custodia, con sentencia firme. Para no entregarlo a su padre, al que había acusado falsamente abusos sexuales a su propio hijo, se escondió en el campo y cuando los policías la encontraron, el niño, asilvestrado, se acercó a olisquearlos. La segunda detención tuvo lugar hace unos días, el once de mayo. Una mujer, Patricia González, fue arrestada cuando la Policía la localizó en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid.

Manifestación de la mujer en Santander el pasado marzo. (EFE)
Manifestación de la mujer en Santander el pasado marzo. (EFE)

También Patricia había denunciado falsamente a su ex marido de abusos sexuales y se fugó con su hija para que su padre no la viera nunca más. El patrón de conducta delictivo que ha llevado a la Policía a resolver los dos casos se relaciona con una asociación feminista, la Asociación Infancia Libre, que en su día fue referencia en algunos debates políticos sobre la eterna controversia sobre la relación de dos padres separados con sus hijos. La Policía cree que el vínculo común de los dos casos está en esa asociación, porque servía de adoctrinamiento y de tapadera a las mujeres para arrebatarle los hijos a sus exparejas, pero es muy probable que el origen de todo no esté ahí sino en una concepción deformada del feminismo.

Lejos de ser hechos anecdóticos, esos dos intentos de secuestro lo que nos muestran es el extremo disparatado al que conduce una concepción del feminismo que considera que la mujer, por el hecho de ser mujer, no puede ser cuestionada en sus decisiones sobre todo aquello que se relaciona con el género. La secuencia comienza con el “nosotras parimos, nosotras decidimos” que, más allá de la defensa del aborto, lo que propone es la abolición de toda norma, de toda ley, de todo control, y acaba con la pretensión de una justicia feminista en la que la mera palabra de la mujer sea considerada siempre como prueba de cargo: “Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí”, como dijo en su día Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno.

Esos tres intentos de secuestro muestran el extremo al que conduce considerar que la mujer, por el hecho de serlo, no puede ser cuestionada

Esa fue la misma secuencia de ‘pensamiento feminista’ que, por ejemplo, ha destrozado la vida de una mujer, Juana Rivas, cuando en julio de 2017 se escondió con sus hijos para que no los viera su padre, del que también estaba separada. Entonces, en toda España, se jaleó a Juana Rivas, se la animó a desaparecer con sus hijos, a no entregárselos a su padre aunque la Justicia se lo hubiera ordenado; le hicieron creer que estaba actuando de forma correcta, que ese era el verdadero feminismo, pero lo único que hacían era invitarla a delinquir. Ahora está condenada a cinco años de cárcel, puede perder la custodia de sus hijos, pero ella sigue igual: hace unos días la fiscalía archivó hasta ocho denuncias contra su exmarido por presuntos malos tratos que no se han podido probar.Leticia Dolera: “Quisieron quitarme la careta de feminista y enfrentarme con otra mujer” Marta MedinaDolera protagoniza la ópera prima de Inés de León, ‘¿Qué te juegas?’, que llega a la cartelera este 29 de marzo

En algunos de los chats de apoyo a estas mujeres se les sigue animando en la actualidad, como si fueran referentes del feminismo, víctimas de la represión heteropatriarcal, de la justicia machista. “El error está en compartir los hijos con una pareja”, he llegado a leer en uno de los comentarios, como si la arcadia feliz del feminismo fuera un mundo de madres solteras. Por eso es tan importante que ahora, tras la detención de estas dos mujeres, digamos en voz alta que eso no es feminismo, que no son heroínas, que no son feministas, que son delincuentes. El feminismo es otra cosa, el feminismo es justicia y es igualdad. El feminismo ayuda a las mujeres, no las condena. Esa deriva de radicalización que algunas mujeres pretenden solo conduce a la frustración.

ACTUALIZACIÓN 21.05.2019

https://www.abc.es/espana/abci-hija-escucho-madre-otro-nombre-y-contar-historias-no-ocurrieron-tuvo-gran-trauma-201905142027_video.html

Detenida otra madre de la asociación Infancia Libre por impedir ver a su hija a su expareja.-

A diferencia de los dos casos anteriores, la niña, de 11 años, sí estaba escolarizada

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La Unidad de la Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid ha detenido a Ana María Bayo Villamil, otra miembro de la asociación Infancia Libre que impedía ver a su hija a su expareja. Había al reclamaciones judiciales contra ella a raíz del reiterado incumplimiento del régimen de visitas, tras numerosas denuncias interpuestas por parte del padre de la pequeña. A diferencia de los dos casos anteriores, la niña, de 11 años, sí estaba escolarizada y no se la acusa de sustracción de menores.

Es el tercer arresto en menos de dos meses de madres de esta entidad que asesoraba a Podemos en materia de menores, por hechos similares.

La detención ha tenido lugar este martes en el aparcamiento del Hospital de la Paz, centro en el que la mujer, de 39 años, trabajaba como enfermera; también ejerció como matrona en el Gregorio Marañón. La madre llevaba dos años sin permitir al padre ver a su hija y cambiaba a menudo de domicilio. Reside en Rivas Vaciamadrid y tiene dos procedimientos abiertos en Arganda del Rey por incumplimiento del régimen de visitas.

Como en los casos anteriores, el padre, José Luis, fue denunciado por falsos abusos sexuales contra su hija y quedó absuelto, hace apenas un mes. La acusación particular, que ejerce Carmen Simón, la misma letrada que en los casos de María Sevilla y Patricia González, exigía seis años de cárcel para el hombre. La madre también le denunció por pegar a la pequeña un bofetón, aunque en esta ocasión sí fue condenado a tres meses de prisión. Asimismo, Ana María acudió al mismo psiquiatra de Majadahonda que las otras dos mujeres de Infancia Libre acusadas de secuestrar a sus hijos y no dejarles ver a sus padres.

La arrestada se encuentra ahora bajo custodia policial. Se está a la espera de tomarle declaración, algo que previsiblemente no hará, y se la pasará ante el juzgado que entiende del caso.

«Te voy a quitar a la niña».-

Según José Luis, que se separó de su pareja cuando la niña tenía 6 meses, fue en abril de 2014 cuando Ana María dejó de llevarle a la niña. Los problemas empezaron cuando la pequeña tenía 2 años. Bloqueó al padre y a los abuelos paternos para no tener comunicación alguna con ellos: «Te la voy a quitar», amenazó, y comenzó a estar en contacto con Infancia Libre y a seguir a Podemos desde su inicio, partido que la invitó a las Cortes.

José Luis asegura que en todo este tiempo ha interpuesto entre 300 y 400 denuncias contra su expareja y niega todas las acusaciones que ha hecho ella sobre él, incluida por la que fue condenado a tres meses de prisión. Rechaza de plano que abofeteara a la pequeña (que cumplirá 12 años el 29 de mayo), a la que sí ha reprendido en alguna ocasión, pero sin violencia.

Mismo «modus operandi».-

Este tercer caso vendría a confirmar que Infancia Libre actuaba, presuntamente, como una organización que, disfrazada de oenegé, se dedicaba a denunciar en falso a los ex de sus integrantes por abusos sexuales para arrebatarles la custodia o el régimen de visitas.

Una vez no lo conseguían, «desaparecían» y vulneraban el derecho del padre a ver a sus vástagos, contradiciendo las resoluciones judiciales. El primer caso fue el de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, que fue arrestada a finales de marzo por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla. Tenía a su hijo «secuestrado» en unan finca a las afueras de Villar de Cañas junto a su actual pareja. No lo dejaba salir del lugar, solo lo permitía 20 minutos al día cuando caía el sol, y siempre dentro del solar boscoso que circundaba la vivienda. No estaba escolarizado y además se encontraba totalmente abducido por las obsesiones religiosas de su madre, que le había inculcado que su padre «era el demonio». Está en libertad con cargos, acusada de sustracción de menores.

Hace apenas unos días, la Unidad Adscrita detuvo a una segunda mujer de la Asociación, Patricia González Arribas, de 48 años, profesora de un instituto de Azuqueca de Henares y que también llevaba dos años y medio sin permitir visitar al padre de su niña, periodista.

En este caso, se escondían en una casona de las afueras de La Cabrera, un pequeño municipio al norte de Madrid. Estaba sin escolarizar y, de nuevo, había acusado al padre hasta en dos ocasiones de abusos contra la menor. En ambos casos, las diligencias judiciales fueron archivadas. Fue detenida tras los seguimientos policiales realizados a su actual pareja, que acudía al pueblo a visitarlas cada fin de semana. No había fanatismo religioso de trasfondo, pero sí un adoctrinamiento hacia el padre como «el enemigo».

En libertad con cargos.-

El juzgado de Guardia de Torrelaguna ordenó su traslado a los calabozos del complejo policial de Moratalaz, al no tener las diligencias del caso, pero Patricia pidió el «habeas corpus» y fue llevada ante el juez de guardia de Plaza de Castilla, el número 38, que le impuso medidas cautelares hasta que a la mañana siguiente le tomara declaración la magistrada que sí instruía el caso desde el principio, el número 53. Impuso a la mujer una orden de alejamiento de 500 metros sobre el padre y la hija y la dejó en libertad con cargos.