EXPEDIENTE ROYUELA: LA MAYOR TRAMA CRIMINAL y DE CORRUPCIÓN DE ESPAÑA.-

Desde el reciente salto a internet [i] de la trama criminal descubierta por la familia Royuela, la importancia de la noticia, silenciada y atacada, por supuesto, por los Media, hace imprescindible un mínimo estudio del tema y su difusión.

La Fiscalía no tiene valor a denunciar por injurias o denuncias falsas las informaciones y acuasaciones relativas a más de 1.300 asesinatos documentados (el 60% de ellos por encargo del PSOE, un 35% pagados por particulares y el resto por intereses o favores personales), porque tendrían que asumir más de 37 mil manuscritos del ex-fiscal José María Mena Álvarez que tienen los Royuela. Tampoco instruye ningún juzgado nada. Silencio total.

Fundamentalmente de la mano de los Royuela, empecemos por un resumen de las biografías de los miembros de esa familia y de los principales actores de esta trama.

#EXPEDIENTE #ROYUELA: LA #MAFIA #POTASOERA.-

Si ponen ustedes en internet #ExpedienteRoyuela, podrán acceder a la numerosa información y documentación facilitada en días pasados en varios diarios digitales nacionales, que ya se sabe que la prensa en papel está completamente vendida a los poderes políticos, fácticos y económicos, en el bien entendido supuesto de que los primeros son unos simples testaferros y correvediles o lameculos de los segundos.

Según #ElEspañolDigital del 10 de febrero de 2020: “Más adelante, por otros contactos, Alberto –#RoyuelaFernández– supo que había una especie de “servicio secreto del #PSOE”, en gran medida diseñado por #JuanAlbertoBelloch (fundador en 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista #JuecesparalaDemocracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con #FelipeGonzález -1003/96)…” (Y añado yo, el único Biministro que ha existido en la Historia de España, y corríjanme si me equivoco, por favor).

Tras una historia rocambolesca, que puede ser verdad, o falsa, el citado #Royuela accedió a los archivos del crimen, y nunca mejor dicho, de José María Mena Álvarez, ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dónde se documentaban numerosos –y presuntos- sobornos, cohechos, mordidas, regalos, o como quieran llamarlos, a cambio de no sé sabe qué, pero que pudieran ser perfectamente contratos públicos, adjudicaciones de obras, e incluso “favores” judiciales o fiscales. (No afirmo nada, me limito a comentar la información que he leído, y que sigue colgada en internet, pues al parecer nadie se ha querellado contra ellos, o les ha demandado, solicitando judicialmente la retirada cautelar de esa documentación).

En definitiva, algo huele a podrido, a muy podrido, y no es en Dinamarca, precisamente…

Principales personajes.-

Alberto Royuela Fernández

Alberto Royuela Fernández, de 81 años, padre de seis hijos, maestro industrial electricista que ha trabajado fundamentalmente de su empresa de electricidad (tenía 180 empleados) y como “subastero”, es decir, experto en pujas en las subastas judiciales. De madre y familia vasca pero que siempre ha vivido en Barcelona. Su madre murió cuando tenía cuatro años y su padre cuando tenía cinco. Tubo tres hermanos evacuados con seis y siete años a la URSS durante la guerra, uno de los cuales llegó a ser Teniente Coronel del Ejército Rojo, a los que conoció con 25 años, y que a la vuelta se afiliaron al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, de ideología comunista).

Alberto se ha definido a sí mismo en muchas ocasiones como falangista joseantoniano y nacional sindicalista”, añadiendo que perteneció a los Servicios de Información del Régimen anterior (“asuntos internos” del Movimiento). En 1971, cuando era Consejero Local del Movimiento por Barcelona, interpuso una denuncia contra el Opus Dei por actos contra el Movimiento Nacional. En 1976, siendo por entonces secretario general de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, fue detenido por motivos políticos arbitrarios; al año siguiente prácticamente desapareció la Hermandad por trabas administrativas y persecución policial. Aquello fue el inicio de una numerosísima serie de infundadas detenciones políticas por los más variados motivos, seguidas de posteriores puestas en libertad sin condenas: declaraciones sobre el paradero de los secuestrados Oriol y Villaescusa en febrero de 1977, atentado contra el semanario satírico El Papus en septiembre de 1977,  asalto al Banco Central de Barcelona en mayo de 1981 aplicándole la ley “sin ninguna prueba” según sus declaraciones, incidentes en la Plaza de Oriente de Madrid el 20N de 1981, etc, etc [ii].

En 1982 Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) empezó a subcontratarle trabajos cada vez peores, teniendo que cerrar su empresa y dedicarse a las subastas para aprovechar su experiencia, llegando a ser determinante en los remates judiciales en los años 80. En ese negocio frecuentemente sufría denuncias o eran paralizadas las subastas, lo que hacía pensar a sus abogados que eran instigadas por los fiscales [iii].

Sobre el año 1992 descubrió que todos sus teléfonos estaban “pinchados”.

Pero en 1993 murió su hijo Javier Royuela Samit, oficialmente por una sobredosis de droga; antes había tenido otras dos. Estuvieron buscándolo todo un día hasta que una policía municipal les avisó de que había aparecido “muerto en la calle San Pablo, enfrente de la Guardia Civil”. En el atestado ponía “varón no identificado de raza árabe”, y también en las actuaciones del juzgado, a pesar de que el cadáver portaba su DNI. Además, en comisaría dijeron que les habían estado llamando a casa, lo que no cuadra con la falta de identificación. Aunque la familia armó jaleo, la cosa quedó ahí, como algo extraño y como mala praxis judicial.

Estuve yendo todas las semanas durante tres años al cementerio, hasta que un día encontró pintadas en que decían: “un Royuela menos”.

Juan Alberto Belloch, el Ministro de Justicia e Interior en 1994/96, con sus Secretarias de Estado Mª Teresa Fernández de la Vega (Justicia) y Margarita Robles (Interior). Y los ya jubilados fiscales Mena y Jiménez Villarejo.

A partir de aquí se cruzan en su vida los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, e incluso Margarita Robles Fernández (León, 1957), quien presidió la fue la primera mujer que presidió una Audiencia Provincial de Barcelona, con 34 años, entre 1991 y 1993. Cada vez que ganaba una subasta era denunciado por abogados laboralistas por “maquinar para alterar el precio de las cosas”. En uno de los juicios la juez Margarita Robles le condenó a tres años y medio; por lo general las condenas a más de tres años las apelaba a Madrid y siempre acababa ganando el juicio tras su repetición sin intervención de ningún juez que hubiera participado antes. Debido a todo esto comenzó a hacer averiguaciones y se enteró por su hermano Fidel, que aún conservaba muy buenos contactos en Rusia, que ambos fiscales pertenecían a la organización “Bandera Roja” y estaban a las órdenes del Kremlin. Villarejo y Mena militaban formalmente al PSUC (siendo uno malagueño y el otro burgalés), respectivamente fundaron la asociación Justicia Democrática (1972, clandestina, juntos ambos) y la Unión Progresista de Fiscales (1980), y fueron Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectiva y sucesivamente, entre 1987/1995 y 1996/2006. E ahí la motivación política de la persecución.

Juan Alberto Belloch

Más adelante, por otros contactos, Alberto supo que había una especie de “servicio secreto del PSOE”, en gran medida diseñado por Juan Alberto Belloch (fundador en 1984 la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista Jueces para la Democracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con Felipe González -1993/96-), con la colaboración de Margarita Robles, su Secretaria de Estado de Interior, y al que Mena y Villarejo pertenecían.

A través de un amigo venezolano, Santiago Ospedales, Alberto pudo hacerse con documentos relativos a sus cuentas bancarias en Venezuela y otras naciones, informaciones que comprobó a través de Interpol y otros organismos, interponiendo con esa documentación una denuncia, en el Juzgado nº 32 de Barcelona, contra Mena, Villarejo y su círculo más cercano. La no fue admitida a trámite y, encima, además de acusarle de actuar por motivos de odio y políticos, fue sometido a una pericial para demostrar que estaba loco, cosa que, lógicamente, no cuajó. El juez venezolano que envió aquellas pruebas murió a consecuencia de un accidente [iv].

En 1999 Alberto fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, por una sentencia impuesta dos años antes por el tribunal que presidía Gerard Thomas Andreu, por falsificación en documentos privados a dos años de cárcel por falsificación en documentos privados y estafa; previamente, en 1995 y por esta causa, la juez Rosario (Roser) Aixandrí i Tarré decretó la prisión preventiva de Royuela durante poco más de dos meses.

Entre octubre de 2000 y junio de 2001 Alberto interpuso otras denuncias contra Villarejo, el Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, y la Magistrada de Instrucción, Aixandrí, con el resultado de que fue condenado a año y medio de cárcel y multa de 12.960 € por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, condena que no cumplió por ser menos de dos años y no tener antecedentes penales.

Prueba documental (trascripción y fascímil) de las órdenes de persecución de Mena a los Royuela.

En 2001 fue detenido su hijo Santiago Royuela Samit por fabricar una bomba casera y colocarla en un centro de okupas donde se iba a celebra un concierto-homenaje a separatistas vascos; la bomba solo causó heridas a dos de los colocadores. En 2005 fue condenado a seis años de cárcel por “terrorismo no en banda armada”; más adelante se demostró por los papeles de Mena que éste forzó aquella condena. Santiago, licenciado en físicas, en su día militante de AUN y PxC, pasó en prisión casi 10 años por dos juicios de faltas, el anteriormente citado y otro casi continuación del mismo, por arrojar el teléfono móvil a otra persona, por lo que fue condenado a tres años y medio; salió de prisión definitivamente en 2016. Ha escrito el libro “El Fiscal”, auto-editado, que narra su vida en prisión y el entorno de Mena, quien reconoció en sus papeles actuar contra él para frenar a su padre.

En 2003 el padre, Alberto Royuela, que había participado en la formación del partido político Plataforma per Cataluña (PxC) el año anterior, fue condenado por “denuncias falsas” de evasión de capitales contra Mena, Jiménez Villarejo y otros. Dos años después fue encausado por “vender cuadros robados”, hechos que se habían producido en 1998.

En resumen, con independencia de posibles prácticas poco elogiables, los Royuela habían sufrido hasta entonces una clarísima y dura persecución por la prensa y los organismos políticos y judiciales.


Morín, su mujer y uno de sus abortorios en Barcelona. Mena era su socio secretamente y también proporcionaba clientes a comisión, además de almacenar su archivo en una de las clínicas

Pero la Providencia puso en 2004 el comienzo del fin de la mano de la cadena de TV pública danesa DR, con su reportaje con cámara oculta de los abortorios del “Doctor” Carlos Morín. En sus barcelonesas clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé se hacían ilegales abortos tardíos de incluso siete y ocho meses (hasta 33 semanas) a mujeres que venían de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e incluso Australia, constituyendo un vergonzoso caso emblemático a nivel mundial. Tras una larga batalla, el partido Alternativa Española (AES), fundamentalmente, y el Centro Jurídico Tomás Moro (inicialmente también E-Cristians), consiguieron que el Tribunal Supremo condenara en 2018 a un abortista por primera vez, cerrando sus tres clínicas.

Morín

Cuenta Alberto Royuela que Fernando Durán Salmerón, un camarada suyo de la Guardia de Franco, le contó que Mena era socio encubierto de su cuñado, el doctor Morín, y que por ello sabía que en una de sus clínicas tenía un zulo muy grande, al que solo tenían acceso Mena y otras dos personas, con documentación. Le puso en contacto con tres personas de la clínica y estos, un buen día, le dijeron que, debido a la denuncia por los abortos ilegales, les habían ordenado destruir la documentación de Mena. Alberto compró secretamente la documentación por 80.000 €; luego la trasladó a Francia, pagando por ello otra suma de dinero. Allí se examinaron las 36.000 carpetas, cada una con unas 15/20 hojas manuscritas por Mena y sus colaboradores, descubriéndose la trascendental importancia de su contenido, incluido el asesinato de Javier Royuela, el cual Mena no ordenó pero sí encubrió. También se hicieron en Francia tres peritajes caligráficos para certificar la autoría de todos los manuscritos.

Tras ello, Alberto Royuela y su hijo Santiago se dedicaron a estudiar la documentación, trascribirla literalmente y organizarla, para poder emplearla en denuncias y difundirla a través de las redes sociales y de su página web. Antes de ello, en 2006, Alberto puso una denuncia en el Tribunal Supremo, pues Mena era aforado al ser desde 1996 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero todo eso merece un espacio mayor para su merecida exposición.

–oo–
[i] Corrupción en la Fiscalía de Cataluña. http://www.javierroyuelasamit.com/.
[ii] https://linz.march.es/documento.asp?reg=r-38895. https://elpais.com/diario/1977/02/09/espana/224290814_850215.html. https://elpais.com/diario/1977/02/25/espana/225673236_850215.html. https://elpais.com/diario/1981/11/25/espana/375490805_850215.html.
[iii] https://www.eldiestro.es/2020/01/santiago-y-alberto-royuela-nos-cuentan-los-pormenores-del-expediente-royuela-asi-es-como-conseguimos-toda-la-documentacion-1/; (1 a 4).
[iv] https://www.eldiestro.es/2020/02/expediente-royuela-alberto-royuela-a-ver-si-tienen-huevos-para-venir-a-detenerme/

LA VERDAD SOBRE EL INCENDIO DEL EDIFICIO WINDSOR.-

Se quemó el 12 de febrero de 2005 y un vídeo captó dos sombras en la planta 12 donde estaba la consultora #Deloitte que auditaba a #FranciscoGonzalez. Así desaparecían oportunamente cualesquiera pruebas documentales que pudieran existir en su contra…


Quince años después siguen las dudas de si #Villarejo participó en el incendio del Edificio Windsor tras firmar con el #BBVA https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2Fnoticia%2Fespana%2F2019%2F02%2F12%2Fjuez-reclama-documentos-vincular-villarejo-incendio-edificio-windsor%2F00031549987577403980924.htm&psig=AOvVaw29LhZYsWLjNkxqiZtY_Q7J&ust=1581593182086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLin6u_zy-cCFQAAAAAdAAAAABAW

Los fantasmas planean todavía quince años después de que se produjera el incendio del conocido Edificio Windsor, en Madrid. Quién lo hizo, si alguien fue su artífice. Todo ocurrió en la noche del 12 al 13 de febrero de 2005. A esas horas todas las televisiones retransmitían en directo este catastrófico suceso en una de las zonas nobles de Madrid. Un drama que se originó en la planta 21 de este emblemático edificio, de 32 plantas y 106 metros de altura, propiedad de la familia Reyzábal.

Tras una larga investigación del Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid archivó la causa el 31 de enero de 2006. Se daba por buena la teoría de que una trabajadora de la empresa Deloitte dejó mal apagado un cigarrillo de manera no intencionada en la planta 21, lugar donde se originó el fuego.

El juzgado concluyó que las sombras filmadas en un vídeo aficionado en la planta 12 del edificio no eran un montaje, sino que realmente había personas en esa planta, una vez que se hubo desalojado el edificio por los bomberos, pero que no intervinieron en el trágico suceso.

Pero tras saltar a la opinión pública el caso Tandem con la publicación de documentos relacionados con el llamado caso Villarejo, se relacionó por algunas fuentes al excomisario José Manuel Villarejo con aquel trágico suceso del Windsor. ¿De qué manera? Muy fácil.

Fueron los documentos que constan en la pieza separada de Tandem sobre el BBVA, que investiga la Audiencia Nacional, donde aparecieron unos encargos que esta entidad bancaria apalabró con el excomisario Villarejo. Uno de ellos, titulado “Proyecto F.G.”, en alusión a Francisco González expresidente del banco, fue el que desató todas las alarmas e incógnitas.

Ese informe, realizado entre 2004 y 2005, recogía las maniobras realizadas por Villarejo para impedir que la empresa competidora Sacyr fracasase en su intento de controlar el BBVA, entonces bajo el poder total de González.

El informe, fechado el 26 de febrero de 2005, catorce días después del incendio del Windsor, recoge más de 16.000 intervenciones de comunicaciones y recoge textualmente que la “acción final” consistió en “eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL. Intento de sustitución de soportes documentales originales, en su defecto eliminación física de los mismos”.


Así lucía el Windsor a la mañana siguiente al incendio.

La planta 12 del Edificio Windsor albergaba significativamente el departamento fiscal de la firma auditora Deloitte y fue en esos despachos donde se vieron a dos personas aquella noche con cascos y linternas. Por entonces, la consultora Deloitte elaboraba una auditoría sobre la firma FG Valores, propiedad de Francisco González, que fue vendida a Merril Lynch en 1996.

Precisamente un día antes del incendio la Fiscalía Anticorrupción había pedido a Deloitte que aportara esos documentos, necesarios para una investigación sobre un desfase contable de 757 millones de las antiguas pesetas, unos 4,5 millones de euros. Sin embargo, el incendio acabó devorando esa documentación. Y no se pudo aportar nada, como presuntamente se pretendía.

Caso Villarejo.-

En febrero de 2019, cuando todo la documentación salió a la luz a raíz del caso Villarejo, el excomisario José Manuel Villarejo negó tener nada que ver con aquel incendio. Pero lo cierto es que nunca puso por escrito cómo había eliminado aquellas pruebas “DEL”.

Hoy, cuando se cumplen 15 años del incendio, quedan todavía muchas incógnitas sin resolver y muchas preguntas que nunca fueron respondidas en su totalidad. ¿Quiénes eran las personas que aquella noche estaban en la planta 12? ¿Por qué el fuego se propagó más rápido hacia abajo que hacia arriba? ¿Cómo es posible que los tres bomberos que llegaron hasta la planta 21 no pudieran extinguir el incendio recién comenzado? ¿Por qué los cuatro empleados de la empresa de seguridad Prosegur tardaron tanto en dar la voz de alarma? ¿Pagaron los seguros a la familia Reyzábal el valor de 100 millones de euros estipulado?


El edificio quemándose la noche del 12 de febrero de 2005.

Como se ha dicho algunas de estas preguntas quedaron respondidas a medias durante la instrucción judicial del incendio, pero otras no. Por ejemplo: Cómo es posible que los empleados de Prosegur tuvieran que subir a pie, una a una de las 32 plantas del edificio, para revisar que no quedase nadie. Por qué los bomberos tardaron en abrir la puerta del despacho 21 ya que algo impedía la apertura. Y cuando lo hicieron, rompieron la ventana por la diferencia de presión, lo que según algunos expertos contribuyó a “empujar” el fuego hacia abajo. De qué modo se comprobó que no se habían empleado acelerantes del fuego. Quién estuvo en la planta 12 aquella noche. Unos misterios que jamás se descubrieron.

Los datos están ahí. La alarma antiincendios en el centro de control del sótano sonó a las 23.15 del sábado 12 de febrero, los bomberos recibieron el aviso a las 23.20 horas y llegaron catorce minutos después, a las 23.34 horas. El problema fue que el edificio no tenía sistema automático de extinción de incendios y la “columna seca”, que usan habitualmente en este tipo de edificios los expertos, no tenía presión suficiente en el piso 21.

También es cierto que las compañías Allianz Seguros y Mapfre, que tenían el edificio asegurado al 60 y 40 por ciento respectivamente, anunciaron tras el cierre de la investigación que comenzarían a pagar. Y lo que quedó del esqueleto del edificio Windsor fue desmontado. Ahora en su lugar se alza un edificio de El Corte Inglés que está integrado dentro del amplio complejo de estos grandes almacenes tienen en la manzana de Nuevos Ministerios en la capital de España. Una zona donde el misterio todavía continúa.